Como personas jurídicas, las organizaciones son reconocidas por la ley como sujetos de derecho independientes, con capacidad no solo para ejercer derechos, sino también para asumir y cumplir obligaciones propias. Esta realidad explica que la integridad corporativa haya dejado de ser una mera cuestión ética para convertirse en un elemento clave para la supervivencia y la seguridad jurídica de la empresa.
De hecho, en España la responsabilidad penal de las empresas (personas jurídicas) fue incorporada definitivamente en el Código Penal en 2010 y reforzada en 2015. Esto supuso un cambio de paradigma y proyectó un nuevo marco normativo que, desde entonces, ha evolucionado progresivamente hacia mayores exigencias en materia de control interno y prevención.
Además de evitar sanciones, el objetivo de estas medidas es proteger a administradores, directivos y empleados, quienes también pueden verse obligados a responder legalmente de sus decisiones. Por eso, en este artículo queremos darte algunas claves para operar conforme a la ley e implementar un adecuado compliance penal en las organizaciones.
¿Qué es la responsabilidad penal de una empresa?
Hasta 2010, en España regía el principio legal ‘societas delinquere non potest’, según el cual las sociedades no podían delinquir. Esto trasladaba la responsabilidad penal a las personas físicas (como administradores o empleados) que habían incurrido en los delitos, dejando únicamente a la empresa como responsable civil.
Sin embargo, en el mencionado año la situación cambió por la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010. Esta introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español. Lo que significó que, desde ese momento, la ley empezó a contemplar que una organización, como entidad, puede cometer delitos independientemente de las personas físicas que trabajen en ella.
El matiz es importante, ya que la responsabilidad civil implica la reparación del daño causado, principalmente mediante el pago de indemnizaciones; mientras que la responsabilidad penal supone asumir un castigo por la comisión de un delito específico tipificado. O lo que es lo mismo: las consecuencias legales pueden ser mucho mayores para el infractor penal, contemplándose multas, la inhabilitación, la intervención judicial o incluso el cierre de la empresa.
Ley de responsabilidad penal de las empresas: marco normativo actual
Aunque la mencionada Ley Orgánica 5/2010 marcó el gran punto de inflexión, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, consolidó y reforzó estos principios. De forma general adaptó el sistema penal español al nuevo contexto social y legal, asegurándose también de cumplir con los compromisos internacionales. Y, específicamente, introdujo modificaciones clave para la mejora técnica de la responsabilidad penal de las empresas:
- Delimitación del fundamento de responsabilidad, obligando a las empresas a responder penalmente por los delitos cometidos —en su nombre o por cuenta de ellas— por sus representantes legales, directivos o empleados.
- Compliance penal como posible eximente, ya que la organización puede eximirse o atenuar su responsabilidad si demuestra haber adoptado o implementado, con anterioridad a la comisión del delito, un modelo de gestión que incluya medidas de vigilancia, control y prevención de los delitos.
- Nuevos delitos aplicables en el ámbito de la responsabilidad penal de las empresas, como los relacionados contra la Hacienda Pública, la corrupción en los negocios, las estafas o insolvencias punibles.
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas y su compatibilidad con la responsabilidad individual de las personas físicas. Es decir, tanto las empresas como las personas físicas involucradas en el delito pueden ser sancionadas de forma independiente por su comisión.
En consecuencia, el marco normativo vigente busca reforzar los mecanismos de control y supervisión empresarial mediante la implantación de medidas de compliance. Su finalidad es fomentar una cultura corporativa orientada al cumplimiento normativo, en la que el principio de autorresponsabilidad inspire la toma de decisiones dentro de la organización.
En este contexto, la ley distingue dos grandes categorías de sujetos en el seno de la empresa —por un lado, administradores y altos directivos y, por otro, empleados subordinados— a efectos de determinar la atribución de responsabilidad, recomendando además a los órganos de dirección el establecimiento de sistemas eficaces de prevención y control.
Delitos corporativos más frecuentes en el entorno empresarial
La mejor forma de prevenir y evitar los delitos corporativos es conocerlos. Estos son los que se detectan más habitualmente en España:
- Delitos económicos y financieros: evasión fiscal, blanqueo de capitales, falsedad contable, manipulación de mercado o insolvencias punibles.
- Fraude y corrupción: sobornos, corrupción entre particulares o fraudes en la contratación pública. En 2025, un total de 13 personas jurídicas fueron acusadas por esta causa.
- Delitos contra los datos y la privacidad: por una gestión negligente o indebida de la información personal de los clientes, especialmente en el ámbito digital.
- Riesgos derivados de la cadena de suministro: no aplicar correctamente una due diligence puede llevar a las empresas a responder por las acciones realizadas por sus proveedores o socios comerciales.
¿Cómo evitar sanciones y delitos corporativos?: medidas preventivas recomendadas
Las empresas no están obligadas legalmente a tener un plan específico de compliance penal. Pero, como hemos visto, sí es muy recomendable que cuenten con uno, porque este puede ayudar a eximir o atenuar su responsabilidad penal corporativa —tal y como indica el art. 31 bis del Código Penal—.
Para que este documento pueda ser tenido en cuenta desde el punto de vista legal, es fundamental que contemple los siguientes aspectos:
Mapas de riesgo penal
Permiten identificar y evaluar los riesgos específicos de la empresa en función de su actividad, sector y contexto. Además, también los asocia a los departamentos y procesos de la organización, para incidir en las áreas más expuestas según el tipo de delito.
Definición de un modelo de organización
El plan o modelo de cumplimiento (compliance) debe figurar por escrito y ser accesible a todos los trabajadores. Gracias a ello, quedarán totalmente definidas las políticas de conducta y las medidas de control corporativo.
Establecimiento de protocolos de control
Se detallan normas claras para realizar los procesos clave de la compañía, como la firma de documentos, la autorización de los pagos, la gestión de los fondos y las relaciones con terceros.
Existencia de canales de denuncia
Los trabajadores deben contar con canales de comunicación para informar sobre cualquier irregularidad que puedan detectar. Estas herramientas han de ser anónimas y garantizar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias.
Realización de auditorías periódicas
Contar con mecanismos de supervisión continua permite detectar errores, fallos o malas prácticas para su corrección posterior. Y también ayuda a percibir nuevos riesgos y a adaptar el modelo de compliance para cumplir con la ley de responsabilidad penal de las empresas.
Fomento de una cultura del cumplimiento
Con el fin de asegurar que todos los empleados conozcan estas medidas y se adhieran a ellas, la organización debe difundirlas convenientemente. Asimismo, también es importante que:
- Cuente con un sistema disciplinario para aplicar medidas sancionadoras ante la infracción de alguna de las normas. Esto ayudará a disuadir a los trabajadores de cometer cualquier delito.
- Impulse la capacitación continua del personal sobre los protocolos de prevención y las consecuencias del incumplimiento normativo.
La importancia de contar con un modelo de compliance penal para evitar sanciones y delitos corporativos
El compliance penal requiere la implantación de las medidas preventivas anteriormente señaladas desde un enfoque adaptado a las características y necesidades específicas de cada organización. Esto se debe, principalmente, a que factores como el tamaño de la empresa, el sector en el que desarrolla su actividad y su estructura organizativa influyen tanto en la naturaleza de los riesgos existentes como en las estrategias más adecuadas para gestionarlos y prevenirlos.
Por tanto, contar con un modelo de compliance adaptado a la realidad de la organización permite a la empresa desarrollar su actividad conforme a la legalidad vigente y reducir significativamente sus riesgos penales. Además, en caso de verse involucrada en un procedimiento penal, podrá disponer de una base sólida para solicitar su exoneración de responsabilidad. Para ello, deberá acreditar que el modelo se encontraba implantado con anterioridad a la comisión del delito, que era eficaz y que incluía, entre otros elementos, un órgano autónomo de supervisión y un canal interno de denuncias.
Qué puede aportar un especialista en compliance penal
A pesar de ser un perfil profesional de reciente creación, su importancia actual se asemeja a la de otros roles como el de director financiero o el de mánager de Recursos Humanos. La razón es que contar con un especialista en la ley de responsabilidad penal de las empresas es fundamental para:
- Conocer la normativa vigente y cumplir con sus requisitos.
- Identificar los riesgos antes de que puedan materializarse.
- Desarrollar un plan de compliance adaptado a la organización.
- Poner en marcha los controles necesarios y asegurar su efectividad.
- Impulsar una cultura corporativa basada en la ética y la responsabilidad.
Más allá del conocimiento técnico de la legislación, estos profesionales aportan una visión estratégica que permite integrar los mecanismos de control en las operativas de la empresa sin comprometer su funcionamiento. Mientras que su experiencia es vital para detectar posibles indicios de conducta delictiva, gestionar situaciones de riesgo y proteger la reputación corporativa ante eventuales crisis o procedimientos judiciales.
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Responsabilidad penal de las empresas: prevenir hoy para evitar sanciones mañana
La responsabilidad penal de las empresas es hoy un elemento clave en la gestión corporativa y en la protección de administradores, directivos y empleados. Contar con un modelo de compliance penal eficaz permite anticiparse a los riesgos, cumplir con la normativa vigente y reducir de forma significativa la posibilidad de sanciones o procedimientos judiciales.
Formarse en esta materia es una apuesta segura en un entorno legal cada vez más exigente. Si quieres especializarte y acceder a un perfil profesional con alta demanda, el Curso de Especialista en Compliance Penal de la Escuela de Negocios de Cámara de Madrid te ofrece una formación práctica, flexible y orientada a la realidad empresarial. Solicita información y da el siguiente paso en tu desarrollo profesional, porque cumplir la ley no es un límite, sino el punto de partida para construir organizaciones más sólidas, responsables y preparadas para el futuro.
Gemma Acedo
Consultora de Comunicación, Formación y Eventos, así como docente del Curso de Especialista en Compliance Penal de la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid.