En España, las empresas juegan un papel muy importante en el mantenimiento de la economía y del sistema del bienestar. Según datos de 2025 del Instituto del Estudio Económico, estas contribuyen globalmente de forma directa e indirecta en un 48,8 % a la recaudación total de impuestos, lo que representa un dato considerablemente superior al 39,4 % del promedio de la Unión Europea. Y, además, su contribución fiscal respecto al PIB también está por encima de la media comunitaria, con un 17,8 % frente al 14,8 % del continente.
Así, nuestro país se encuentra entre los cinco del mundo desarrollado que tienen una mayor carga fiscal empresarial con relación al Excedente Bruto de Explotación en términos de contabilidad: en su caso alcanza el 41,6 %, una cifra también considerablemente por encima del 31 % de la media que presentan los países de la OCDE. Una contribución exigente, pero que beneficia a toda la sociedad y que también permite a las propias organizaciones acceder a ayudas y subvenciones, disfrutar de deducciones fiscales en aspectos como inversiones en I+D, eficiencia energética o sostenibilidad; y mostrarse como más confiables frente a socios y clientes.
Todo ello ilustra la importancia de conocer las obligaciones fiscales de una empresa, de forma que esta pueda integrarlas en sus cuentas, saldarlas adecuadamente y poner en marcha estrategias para solicitar deducciones o beneficios fiscales. Por lo que, si quieres saber cuáles son, no te pierdas todo lo que vamos a contarte en este artículo.
¿Qué son las obligaciones fiscales de una empresa?
Son los compromisos o deberes de carácter fiscal que tiene la organización con el país donde tributa. Estos incluyen tanto tributos directos como indirectos, además de otros relacionados con retenciones, cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos locales. De ahí que cada empresa deba realizar una adecuada planificación fiscal para cumplir con la legislación en esta materia, evitar sanciones y mantener una adecuada salud financiera.
De todas formas, en este ámbito conviene aclarar las diferencias entre las obligaciones fiscales de las empresas y las obligaciones fiscales de los autónomos, porque al tener formas jurídicas diferentes también tributan de forma diferente. En concreto, estas son las más importantes:
- Impuesto por el que tributan: las empresas lo hacen a través del Impuesto de Sociedades (IS), mientras que los autónomos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
- Obligaciones contables: las empresas deben llevar una contabilidad formal y presentar cuentas anuales en el Registro Mercantil, los autónomos pueden tener una contabilidad simplificada.
- Cotizaciones a la Seguridad Social: las empresas cotizan por sus empleados, incluyendo conceptos como accidentes de trabajo, desempleo o formación profesional. Los autónomos tienen un sistema de cotización único que se calcula sobre la base que ellos han elegido y que incluye contingencias comunes, profesionales y el cese de la actividad.
- Responsabilidad legal: en el caso de las empresas, esta se limita al capital aportado por los socios o inversores; y en el de los autónomos, estos deben responder con su patrimonio personal.
- Incentivos y deducciones fiscales: las compañías disfrutan de un mayor número de incentivos fiscales, ya que se las estimula a invertir en I+D, bienes de equipo, actividades de internacionalización, etc. Por su parte, los autónomos también pueden disponer de ciertas ventajas, como la deducción por gastos para suministros, formación o seguros sociales; aunque el abanico de opciones del que disponen es menor.
¿Qué obligaciones fiscales tiene una empresa en España?
Los requerimientos fiscales para las empresas no son los mismos en todos los casos, ya que estos dependen de diversos factores, como el tipo de entidad, la actividad económica que realiza, su volumen de negocio, si tiene o no empleados, etc. Por eso, es importante que cada una de ellas se inscriba en el Registro de Actividades Económicas de la Agencia Tributaria mediante una declaración censal que detalle su actividad, domicilio fiscal, datos identificativos, sistemas de facturación y libros de registro. Tanto en el caso de los empresarios como de los autónomos, esto se puede hacer a través del modelo 036 o del modelo 037 (simplificado para determinados autónomos).
Así, a continuación, te contamos las obligaciones fiscales de una empresa más comunes.
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Este impuesto grava los beneficios que obtienen las empresas y las entidades de personalidad jurídica. Se aplica en toda España, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, donde se utiliza el régimen de Convenio Económico y el Concierto Económico. Y es obligatorio incluso aunque en el período impositivo no se desarrolle la actividad o no se generen ingresos, por lo que sus gestores deberán presentar anualmente la liquidación correspondiente.
En 2025 su tipo impositivo general es del 25 %, aunque varía según el tamaño de la empresa y sus ingresos: por ejemplo, para pymes con una facturación inferior al millón de euros, se aplica un 21 % hasta una base imponible de 50.000 euros, mientras que es del 22 % para el resto. Y respecto a su liquidación, la declaración debe presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al cierre del ejercicio fiscal a través del modelo 200.
Impuesto sobre Valor Añadido (IVA)
Se trata de un tributo indirecto, porque las empresas deben cobrar el IVA a sus clientes y a soportar el de sus proveedores, según el tipo que se aplique al producto o servicio proporcionado. Esta obligación fiscal de la empresa puede ser del 21 % (general), del 10 % (reducido) o del 4 % (superreducido).
Los plazos para su liquidación difieren: si la compañía supera los 6 millones de euros de facturación anual debe abonarlos mensualmente, mientras que las demás deben hacerlo de manera trimestral. En ambos casos se utiliza el modelo 303, aunque también deben realizar un resumen anual que englobe las mencionadas liquidaciones parciales y que se presenta mediante el modelo 390 en los primeros meses del nuevo año fiscal (generalmente, enero).
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)
Es un tributo que se aplica a las sociedades mercantiles y personas jurídicas, ya que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas cuyo volumen de negocio anual sea superior al millón de euros. Pese a ello, la mayoría de las empresas están obligadas a darse de alta en el IAE antes de comenzar su actividad mediante el modelo 840.
Retenciones e ingresos a cuenta
Entre las obligaciones fiscales de una empresa en España también está la aplicación de retenciones en ciertos pagos, como los salarios de los empleados o los pagos de autónomos a profesionales. El ejemplo típico es la declaración y liquidación de las retenciones a ingresos a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) que deben realizar trimestralmente los autónomos mediante el modelo 111. Mientras que las empresas deben practicar esta retención y declaración del IRPF en las nóminas de sus trabajadores y en las facturas de los autónomos con los que trabajen.
Cotizaciones a la Seguridad Social
De igual manera, las empresas también abonan las cotizaciones a la Seguridad Social por sus empleados para cubrir contingencias comunes, desempleo, formación profesional, etc., ingresando la parte que corresponde al trabajador y a ella misma. Estas liquidaciones se realizan mediante el Sistema de Liquidación Directa, un modelo de atención personalizado y multicanal que está a cargo de la TGSS.

¿Cuáles son las obligaciones contables y de registro para las empresas en España?
Las empresas españolas deben llevar unos registros contables para cumplir con la normativa fiscal y mercantil, garantizar su transparencia financiera y facilitar el control por parte de la Agencia Tributaria y los diferentes organismos reguladores. Estas obligaciones contables están recogidas principalmente en el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad (PGC) y la normativa fiscal. De hecho, el primero estipula que los registros contables deben ser conservados durante 6 años a partir del último asiento realizado.
Por un lado, las empresas deben elaborar y presentar anualmente sus cuentas para reflejar su situación económica y financiera en cada uno de los ejercicios fiscales. Estas han de proporcionar un balance de su situación, una cuenta de sus pérdidas y ganancias y una memoria con las modificaciones significativas realizadas y las aclaraciones que sean necesarias. Y, cuando se cumplan requisitos de volumen de facturación, de número de empleados o de balance general, deben someter sus cuentas anuales a una auditoría para verificar que reflejan su situación financiera y según la normativa contable.
Y, por otro lado, el Código de Comercio establece la necesidad de llevar estos dos libros contables:
- El diario, para la anotación cronológica de todas las operaciones que se realizan en el desarrollo de la actividad empresarial. En él también pueden anotarse conjuntamente los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes.
- El de inventarios y cuentas anuales, el cual debe abrirse con un balance detallado de apertura, y contar con una transcripción de periodicidad al menos mensual, con sumas y saldos, de los balances de comprobación. Además, también deben asentarse anualmente el inventario del cierre del ejercicio y las cuentas.
Otros libros contables habituales
Asimismo, en función del tipo de sociedad, las empresas están obligadas a legalizar y utilizar determinados libros societarios, como el libro de actas, el registro de socios (en sociedades mercantiles) o el de acciones nominativas (en sociedades anónimas y comanditarias por acciones). Además, deben llevar libros de registro de facturas emitidas y recibidas, que, aunque no requieren legalización mercantil, son esenciales para cualquier empresa o autónomo que realice actividades económicas, ya sea porque emite facturas o porque es sujeto pasivo de IVA y realiza compras de bienes o servicios a proveedores.
Y, por último, de forma accesoria o voluntaria, las empresas y autónomos también pueden llevar libros o registros según el sistema contable que hayan adoptado o la naturaleza de su actividad. Principalmente, con el objetivo de que puedan ayudarles a llevar la contabilidad diaria de sus actividades.
Consecuencias de no cumplir con las obligaciones fiscales
Además de conocer cuáles son las obligaciones fiscales de una empresa, las organizaciones deben disponer de los mecanismos y recursos necesarios para cumplir con las suyas. En este sentido, los errores más comunes suelen ser:
- Hacer una mala planificación fiscal, dejando las revisiones y balances para los últimos meses del año.
- Incluir gastos no deducibles en la contabilidad empresarial, lo que puede hacer que Hacienda inicie una inspección o solicite documentación de forma extraordinaria.
- No aplicar los últimos cambios normativos, incurriendo en el incumplimiento de algunas de estas obligaciones fiscales para las empresas o en errores.
- No llevar al día la contabilidad de la empresa, provocando que no se contabilicen facturas, haya descuadres contables, impagos, etc.
- Presentar fuera de plazo los modelos fiscales, por desconocimiento u olvido.
El incumplimiento de cualquiera de estos requerimientos puede acarrear consecuencias para la empresa en tres parcelas diferentes:
- Consecuencias económicas: por la imposición de multas y sanciones en función de la gravedad del error o del importe no declarado. También se pueden aplicar intereses moratorios al pago de la deuda original, pérdida de deducciones o incentivos fiscales y restricciones crediticias por parte de las entidades financieras.
- Consecuencias legales: Hacienda puede embargar cuentas bancarias, propiedades o activos para recuperar la deuda tributaria; la empresa puede quedar excluida de procesos de licitación o concursos públicos y, en los peores casos (como fraude fiscal o evasión de impuestos), iniciarse procesos judiciales y penales contra los responsables
- Consecuencias reputacionales: si se hace pública la incapacidad de la empresa de cumplir con sus obligaciones fiscales, esta puede ver dañada su reputación. Sus socios, clientes o proveedores pueden perder la confianza en ella; y estos problemas pueden interpretarse como una falta de ética empresarial o compromiso social, menoscabando su imagen pública.
El valor de la formación para una buena planificación fiscal estratégica
Según datos del informe de la ‘Gestión del Riesgo de Crédito en España’ publicado por Crédito y Caución y su filial Iberinform, a finales de 2023 una de cada diez empresas en España corría el riesgo de cerrar por morosidad. No en vano, a fecha de diciembre de 2024, la lista de deudores de la Hacienda Pública (con deudas superiores a los 600.000 euros) incluía a 4.920 empresas, con una deuda total de 14.558 millones de euros.
Por lo tanto, no cumplir con las obligaciones fiscales empresariales es un problema usual que puede tener consecuencias severas para la organización infractora o para el autónomo y que, en no pocos casos, podría evitarse con la presencia de un profesional capacitado en el ámbito fiscal. Es decir, del perfil que moldea y forma nuestro Curso Superior en Dirección Financiera, Fiscal y Laboral en modalidad blended(combinando el aprendizaje presencial con clases en streaming u online).
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